CIUDAD DE MÉXICO (CNS) — La organización humanitaria Cáritas y sacerdotes del estado mexicano de Chiapas han advertido de la posibilidad de una crisis humanitaria y un aumento de violencia después de que más de 5,000 indígenas tzotziles fueron desplazados de sus hogares debido a un pleito territorial de décadas.
El conflicto territorial que cubre dos municipios comenzó en 1973. Un par de sacerdotes en la zona de los hechos han dicho a Catholic News Service que paramilitares han bloqueado carreteras y han desplazado a pobres poblaciones indígenas de sus tierras en al menos nueve sitios.
“Es muy serio”, dijo el padre Sebastián López, párroco en Chalchihuitán, el municipio de donde los indígenas se vieron obligados a huir. Los paramilitares han bloqueado caminos, y “las personas han sido desplazadas, están durmiendo en las montañas, hay mucho sufrimiento”, dijo.
Cáritas y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas emitieron un llamado urgente pidiendo donaciones de alimentos, medicinas y ropa.
Videos del padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote del municipio vecino de Simojovel, muestran a personas desplazadas hablando de ser expulsados a la fuerza de sus tierras donde cultivaban maíz y café. Los desplazados incluyen personas ancianas, mujeres embarazadas y niños; algunos dijeron que sus cultivos fueron quemados.
“Es grave. Su principal necesidad es la comida y la medicina porque muchos de ellos están enfermos. Los niños están muy enfermos”, dijo el padre Pérez.
Los sacerdotes dijeron que el conflicto surge de una decisión en 1973 de la Secretaría de la Reforma Agraria de México, que estableció los límites entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.
Un grupo armado en Chenalhó protestó la decisión y la violencia continuó de vez en cuando, pero surgió en noviembre del 2017. Nunca se han tomado medidas contra el grupo, dijeron los sacerdotes.
“Nos sorprende la impunidad con que actúan los grupos armados, hasta el punto de que ni la policía ni el ejército han podido hacerse presentes para impedir la violencia, ni para desarmar a quienes imponen su control del territorio y de la población a través del miedo”, decía una declaración del consejo pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
El desplazamiento de las comunidades indígenas generó incómodas comparaciones con una masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, ubicado en el municipio de Chenalhó, donde 45 miembros de una organización pacifista católica conocida como Las Abejas fueron asesinados por paramilitares durante un ataque mientras rezaban. La impunidad ha prevalecido desde entonces.
El padre Pérez dijo que algunos de los que habían participado están involucrados en el desalojo de las familias de Chalchihuitán.
“Algunos de ellos son las mismas personas que mataron en Acteal y otros se han unido”, dijo el padre Pérez. “El gobierno no ha aplicado la ley y toleró esta situación, razón por la cual (el grupo) actúa de esta manera … Después de lo ocurrido en Acteal, los que mataron nunca entregaron sus armas”.