WASHINGTON (CNS) — Los líderes de la nación “tienen que entrar en un verdadero debate sobre las medidas necesarias para salvar vidas y hacer nuestras comunidades más seguras”, dijo el director del comité de política nacional de los obispos de Estados Unidos.
Tal debate es importante porque “la violencia en nuestra sociedad no será resuelta por un solo (por leyes) y muchos factores contribuyen a lo que vemos pasando en todo nuestro alrededor”, dijo el obispo Frank J. Dewane de Venice, Florida, director del Comité sobre Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).
Su comunicado del 7 de noviembre fue emitido después de los “ataques recientes y horrendos” en el país, refiriéndose a dos eventos: el tiroteo dentro de la iglesia bautista First Baptist el 5 de noviembre en Sutherland Springs, Texas, que dejó 26 muertos y 20 heridos, y también el tiroteo de Las Vegas durante un concierto al aire libre que dejó 58 muertos y cientos de heridos.
“Durante muchos años los obispos católicos de Estados Unidos han estado pidiendo a nuestros líderes que exploren y aprueben políticas razonables para ayudar a reducir la violencia de armas”, dijo el obispo Dewane.
Las masacres en Las Vegas y Sutherland Springs “nos recuerdan cuánto daño puede causarse cuando las armas — particularmente las armas diseñadas para infligir niveles extremos de sangre — llegan demasiado fácilmente a manos de aquellos que quieren usarlas para herir a los demás”, él dijo.
El obispo Dewane dijo que los obispos estadounidenses continúan pidiendo una prohibición total de armas automáticas “que apoyamos cuando se aprobó la prohibición en 1994 y el Congreso no la renovó en 2004”.
Otros esfuerzos que los obispos apoyan incluyen medidas que controlan la venta y el uso de armas de fuego, tales como verificación universal de antecedentes para todas las compras de armas, limitaciones al acceso de armas de alta capacidad (por parte de personas civiles), limitaciones para la compra de peines de municiones y una ley federal para criminalizar el contrabando de armas.