SANTO DOMINGO, República Dominicana (CNS) — La megaminería y sus operaciones de extracción no dan beneficios económicos y causan daños ambientales y sufrimiento humano en toda Latinoamérica, dijo una coalición de organizaciones de iglesias y grupos que trabajan a favor del medio ambiente.
Red Iglesias y Minería, una coalición que incluye obispos católicos, sacerdotes y laicos, líderes de iglesias cristianas y grupos que trabajan a favor del medio ambiente, dijeron en una declaración que los gobiernos, líderes de Iglesias y la sociedad civil necesitan buscar otras opciones más que las llamadas operaciones de megaminería.
“Somos conscientes que defender la Creación, en un sistema depredador cuyo fin máximo es el lucro y el dinero, es una acción que implica riesgo y peligro de muerte, pero nos anima el evangelio de Jesús, la encíclica ‘Laudato Si’ y el espíritu de lucha de muchas comunidades afectadas por la minería y otras actividades extractivas”, decía una declaración del 4 de septiembre, después de una reunión en Colombia.
La encíclica del 2015 dice que la demanda emanada de países desarrollados más ricos ha causado daños en partes del sur del mundo en donde se llevan a cabo las operaciones mineras. “Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre”, dice la coalición.
La declaración de la coalición, firmada por aproximadamente 50 miembros de unos 15 países, se publicó en un momento de conflicto entre compañías internacionales mineras y comunidades rurales, que con frecuencia se ven habitadas por poblaciones indígenas.
En un informe publicado en junio, la organización internacional no gubernamental Global Witness dijo que por lo menos 185 personas habían sido asesinadas como resultado de tales conflictos el año pasado; la cifra más alta documentada. Casi dos de cada tres de esos asesinatos ocurrieron en países latinoamericanos, incluso Brasil, que con 50 muertos tiene el número más alto de ese tipo de asesinato, de acuerdo con el informe.
El 1 de septiembre, Bolivia fortaleció el control de las operaciones mineras, después de que protestas se volvieron violentas y resultaron en la muerte de cuatro trabajadores, incluso la muerte del viceministro del Interior de Bolivia. La explotación de minas de oro se ha ligado a la reaparición de malaria en Venezuela y la degradación del medio ambiente en las selvas tropicales del Perú.
“Nos preocupa la creciente criminalización y los asesinatos de quienes ejercen la defensa de los territorios, como es el caso de nuestra hermana Berta Cáceres, por quien exigimos justicia y a través de ella pedimos por un mundo más justo para las mujeres, actores protagónicos en defensa de la vida y primeras víctimas del extractivismo”, dice la declaración.
Cáceres, activista del medio ambiente hondureña y líder de derechos humanos para la comunidad indígena, y quien ganó el prestigioso premio Goldman Environmental en 2015 por su trabajo en oposición a la construcción de una presa hidroeléctrica, fue asesinada a balazos en su casa en marzo.
La Red Iglesias y Minería dijo en su declaración que los gobiernos tienen que protejer mejor a activistas y que obispos, sacerdotes y laicos deben de escuchar a las comunidades afectadas por la minería.
“Llamamos a nuestras Iglesias a asumir un compromiso activo en defensa de la casa común por ser este un elemento constitutivo del ser cristiano “, decía la declaración.