WASHINGTON (CNS) — El Tribunal Supremo de Estados Unidos, solo quedándole semanas en su término actual, todavía tiene que emitir decisiones importantes sobre dos asuntos de preocupación para la Iglesia Católica: la inmigración y el aborto.
El decreto de inmigración determinará el estado jurídico de más de 4 millones de personas que actualmente están protegidas contra la deportación por órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama sobre las normas de inmigración, acciones que han sido retadas por 26 estados.
En contienda en United States v. Texas, caso discutido verbalmente ante el tribunal en abril, está la expansión de Obama del 2014 de un programa del 2012 conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, y la creación de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, conocido como DAPA.
Los programas habían sido suspendidos en noviembre por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleáns, reafirmando el interdicto de un juez de Texas contra las órdenes ejecutivas.
Los estados que están demandando al gobierno federal afirman que el presidente extendió demasiado su poder y no estaba simplemente poniéndole un bloqueo temporal a las deportaciones, sino dándole a los inmigrantes que están en el país sin permiso legal una “presencia lícita” que les permite cualificar para beneficios del Seguro Social y Medicare.
El procurador general federal Donald B. Verrilli Jr., defendiendo el gobierno, dijo que “la preocupación humana apremiante” era evitar separar las familias de niños ciudadanos estadounidenses, algo repetido por la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos (USCCB), la Red Católica de Inmigración Legal Inc., o CLINIC, y por lo menos tres universidades católicas, que se unieron en un documento judicial con más de 75 organizaciones de educación y defensa de niños.
Si la decisión del tribunal es una división 4 a 4, dejaría en vigor el decreto del tribunal de apelaciones boqueando el plan de la administración Obama.
En una actualización reciente del caso, el juez de distrito federal Andrew S. Hanen, de Brownsville, Texas, el 7 de junio pospuso una amplia orden que emitió en mayo que hubiese requerido que los abogados del Departamento de Justicia que trabajan el caso asistieran a cursos de ética.
El juez no ofreció explicación para la orden revisada y simplemente la retrasó hasta el 22 de agosto, cuando sostendrá una conferencia sobre el estado de esta. Scotusblog.com, bitácora del Tribunal Supremo de Estados Unidos, señaló que esta acción despeja el camino para que el tribunal decrete sin distracciones sobre las normas de inmigración.
El otro caso importante que espera una decisión del tribunal tiene que ver con las clínicas de aborto. El tribunal escuchó argumentos en marzo en su primer caso sobre el aborto en nueve años: Whole Woman’s Health v. Hellerstedt. El caso es una impugnación de parte de clínicas abortistas de Texas a la ley estatal del 2013 que les requiere cumplir con los estándares de los centros quirúrgicos ambulatorios y que sus médicos tengan privilegios de admisión en hospitales locales.
Opositores a la ley dicen que los requisitos están orientados a cerrar las clínicas de aborto y les ha creado un “carga indebida” a las mujeres que quieran un aborto; el estado sostiene que la ley está protegiendo la salud de las mujeres.
La USCCB y otros grupos religiosos presentaron un escrito conjunto tipo “amigos del tribunal” apoyando la ley de Texas. El escrito dice que el Tribunal Supremo ha sostenido, desde Roe v. Wade, el histórico caso de 1973 que legalizó el aborto en Estado Unidos, que los estados pueden aplicar estándares sobre las cualificaciones de los médicos que realizan abortos y las condiciones de las instalaciones donde se realizan abortos.
Si los magistrados votan 4 a 4 en una decisión de este caso, reafirmarían la decisión de un tribunal inferior aprobando la ley de Texas, pero el caso no establecería un precedente nacional. El voto previsto no es claro, ya que el magistrado Antonin Scalia, quien murió en febrero, regularmente votaba para sustentar las limitaciones al aborto y se esperaba que proveyera el quinto voto para ratificar los requisitos de Texas para las clínicas de aborto.
Otra opción es que el tribunal devuelva el caso a los tribunales inferiores para obtener un cuadro más claro sobre cómo la ley afecta las clínicas locales.
Los decretos de ambos casos serán anunciados antes que termine junio.