Nos duele. La regulación de la carga pública que se está finalizando esta semana es solo el último ataque contra familias inmigrantes por parte de esta administración. A pesar de la abrumadora oposición, la administración Trump ha optado por avanzar una regulación que perjudica directamente a las familias y las comunidades y amenaza el principio central del sistema de inmigración estadounidense: la unidad familiar.
La regulación de la carga pública refuerza una opción preferencial para los ricos – en lugar de para los pobres, como encontramos en la fe católica, y exacerba los temores que ya sienten las comunidades inmigrantes. Llega al corazón de las realidades más básicas para las familias inmigrantes y pone en tela de juicio un reconocimiento de más de 100 años de que la atención médica y la alimentación son básicas para las formas en que las familias proveen para sus seres queridos, se mantienen productivas y ayudan a las comunidades a prosperar.
Como nos recuerda el Papa Francisco, haciendo eco a sus predecesores, la Iglesia católica espera que los derechos humanos básicos que San Juan XXIII resumió en su encíclica Pacem in Terris se apliquen también a los migrantes: “el derecho a la existencia … y los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuales son, principalmente, el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y, finalmente, los servicios sociales necesarios “. San Juan Pablo II enfatizó que el derecho a no emigrar, o “vivir en paz y dignidad en el propio país”, es tan fundamental como el derecho a emigrar. Esto se hace eco de la encíclica de Juan XXIII Mater et Magistra .
La administración actual parece encontrar cada vez más difícil identificar y respetar los derechos básicos.
Este anuncio llega justo después de una semana de castigo para los inmigrantes y para nuestros hermanos y hermanas latinos en particular. Hace poco más de una semana, en un acto de terrorismo doméstico, un hombre armado irrumpió en un Walmart en El Paso, Texas, armado con un rifle de asalto y varios cargadores para, según su propia admisión, atacar a los “mexicanos”. Mató a 22 personas e hirió a una docena más. La mayoría de las víctimas tenían apellidos hispanos y de hecho, ocho eran ciudadanos de México.
Un manifiesto aparentemente escrito por el atacante promovió puntos de vista de la supremacía blanca, como temer “reemplazo” y culpar a una “invasión hispana de Texas” por sus acciones. Inmediatamente, los preocupados lectores pudieron establecer paralelismos con algunos de los propios ataques verbales del presidente Donald Trump contra los inmigrantes, incluyendo hablar de una “invasión” y alarmismos sobre “fronteras abiertas” y “noticias falsas”. Cuando un líder degrada y disminuye la humanidad de un grupo de personas, y pinta a poblaciones enteras como amenazas, aquellos con odio en sus corazones y armas en sus manos se envalentonan.
A través del país, la comunidad latina está dolida y temerosa. Estamos con ellos en pena y solidaridad.
Luego, solo cuatro días después, mientras la nación se recuperaba de las tragedias en El Paso, Gilroy y Dayton, la administración autorizó las redadas de inmigración más grandes en una década en varias plantas procesadoras de alimentos en Mississippi . Cerca de 700 trabajadores fueron arrestados. Muchos niños regresaron de la escuela a hogares vacíos, después de que sus padres fueron sacados de sus trabajos y familias – sus futuros inciertos. La inmoralidad de las separaciones familiares continúa.
Esta dramática demostración de fuerza se produjo en un estado con recursos legales limitados, donde pocas personas conocen sus derechos y con una planificación de emergencia limitada para el cuidado infantil. Esta es una violación inexcusable de la dignidad de los trabajadores y de los padres y sus hijos. Subraya el trabajo seminal que la Red Católica de Inmigración Legal Inc. (CLINIC por sus siglas en ingles) y tantos otros han hecho para garantizar que todos los inmigrantes conozcan sus derechos legales y puedan obtener la asistencia adecuada.
La preparación comunitaria es más esencial que nunca, incluyendo capacitaciones sobre conocer sus derechos, ayuda para los vecinos en caso de acciones de ejecución de la ley, cuidado de niños cuando los padres son arrestados, asistencia financiera para las familias afectadas cuyo principal sostén es arrestado o deportado, y apoyo para organizaciones que ofrecen servicios jurídicos. Todos podemos trabajar para crear comunidades seguras, donde las autoridades locales prioricen la protección sobre la aplicación de acciones de inmigración injustas.
Hago un llamado a los católicos, a otros cristianos y a todas las personas de fe y buena voluntad para que oren por la paz y se opongan a estos ataques contra las familias trabajadoras y los migrantes, todos nuestros queridos hermanos y hermanas. Asegúrense de contactar a sus funcionarios electos y protestar por el maltrato de personas humanas. La justicia exige decir la verdad cuando la retórica deshumanizante, nativista y, francamente, racista continúa caracterizando el enfoque del presidente hacia los inmigrantes en general, y nuestros hermanos latinos y hermanas latinas en particular.
Estos ataques implacables contra la vida y la dignidad de las familias – de nuestro gobierno o de personas odiosas e ideológicamente impulsadas, contradicen las afirmaciones americanas a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad para todos consagradas en la Constitución. Como Santa Katharine Drexel nos invita en una frase que proporciona el título de la reciente carta pastoral de los obispos de los Estados Unidos contra el racismo: “Abramos nuestros corazones”. Necesitamos detener el daño y comenzar la ardua tarea de curación.
[El obispo Kevin W. Vann de Orange, California, es presidente de la junta directiva de la Catholic Legal Immigration Network Inc.]